LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CALLE
Las crisis económicas determinan de manera alarmante el crecimiento en el número de niñas y niños que viven y trabajan en la calle, que provienen de grupos familiares y de comunidades populares que no logran proporcionarles los satisfactores básicos y que –como resultado de una pobreza histórica–, no cuentan con herramientas fundamentales para la crianza y educación; por ello son comunes las historias de maltrato, desintegración y/o abandono.
Las crisis económicas determinan de manera alarmante el crecimiento en el número de niñas y niños que viven y trabajan en la calle, que provienen de grupos familiares y de comunidades populares que no logran proporcionarles los satisfactores básicos y que –como resultado de una pobreza histórica–, no cuentan con herramientas fundamentales para la crianza y educación; por ello son comunes las historias de maltrato, desintegración y/o abandono.
Las políticas públicas han puesto poca atención a las condiciones que colocan a esta población infantil en riesgo de vivir y trabajar en la calle; de hecho, programas como el Progresa (hoy Oportunidades) aún no operan en las principales ciudades en donde se ha registrado la mayor presencia de este fenómeno social, ni han sido diseñados o adaptados para las características particulares que presenta.
La infraestructura comunitaria (como son los centros de servicio o las propias escuelas) es inalcanzable para las familias de niños en riesgo de salir a la calle o en muchos casos se encuentra subutilizada, sobre todo porque no se orienta a prevenir las condiciones de riesgo y porque prevalecen la desarticulación entre los programas y los enfoques asistencialistas o de corto plazo (determinados en buena medida por coyunturas políticas).
El uso político y publicitario que algunos actores públicos han hecho del tema de los niños de la calle no se corresponde con una inversión apropiada en infraestructura y financiamiento para apoyar y complementar las acciones que realizan los organismos no gubernamentales a quienes se les ha adjudicado la responsabilidad de atender a la población que ya vive y trabaja en la calle.
De manera frecuente autoridades públicas, sobre todo del ámbito local, realizan acciones que violan sus derechos y les colocan en una posición de mayor vulnerabilidad. Un acontecimiento lamentable con esta población ha sido la promesa incumplida del presidente Vicente Fox quien en repetidos actos públicos ofreció atención prioritaria a los y las niñas de la calle; solicitando a las organizaciones una propuesta de política pública y firmando el 6 de marzo del 2001 un convenio público para implementar el programa nacional “De la calle a la vida”. Dicho programa se enfrentó a un aparato de estado obsoleto y asistencial que terminó por romper con las organizaciones, convirtiendo “De la calle a la vida” en un programa de corte asistencial y estéril como política pública.
La falta de apoyo a metodologías apropiadas; a través de una normatividad; adecuada que permita obtener fondos públicos permanentes y de buena calidad; coloca serios obstáculos para lograr un mayor impacto en los esfuerzos para revertir o contener los severos daños que padece esta población (a su salud y a sus condiciones generales de vida por causa de violencia, explotación o discriminación) lo que lleva un mayor arraigo a la calle y la presencia de formas más complejas de vida callejera (jóvenes en la calle, madres adolescentes callejeras y generaciones nacidas en la calle).
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